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Becas: el secreto del desarrollo universitario uruguayo

  • Becas: el secreto del desarrollo universitario uruguayo

     

    Un fondo integrado por el aporte de los graduados paga las ayudas, que ya alcanzan al 18% de los egresados.

    Casi uno de cada cinco estudiantes que egresan de la universidad pública de Uruguay ha visto facilitado (cuando no posibilitado) su acceso a sus estudios gracias a un programa de becas  instaurado hace casi dos décadas, durante las cuales los distintos cambios de signo político del gobierno no han hecho sino fomentar su continuidad y perfeccionamiento. Un dato no menor es que ese programa no le cuesta un centavo al Estado: se autofinancia en un 100% gracias al aporte económico al que están obligados todas las personas que egresan de las facultades que conforman la Universidad de la República y el politécnico Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU).

    "Es un sistema de solidaridad intergeneracional único en el mundo de financiamiento y pago de becas: a partir de cinco años de haber egresado, los profesionales que salen de la universidad pública empiezan a contribuir una suma modesta durante 25 años, con la que genera un fondo que se da a becarios de bajos ingresos", explicó Marcos Supervielle, presidente de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Solidario, que presentó esta semana la experiencia del sistema de becas en la jornada "El desafío uruguayo para financiar la universidad pública", organizada por el Movimiento Productivo Argentino (MPA).

    Para este año, el Fondo Solidario ha otorgado unas 7500 becas que constan de unas diez cuotas mensuales del equivalente en pesos uruguayos a 250 dólares. "En la actualidad, el 10% de los estudiantes que ingresan en la universidad son becados. Esas becas alcanzan al 8% de la matrícula total de alumnos de la universidad -señaló Enrique Miranda, gerente general del Fondo-. El hecho de que el 18% de todos los que egresan hoy hayan recibido una beca permite determinar las bondades del sistema."

    "Hay elementos para pensar que los estudiantes que reciben las becas realizan las carreras más rápido que aquellos que no reciben las becas", completó Supervielle, que destacó la rigurosidad de los procedimientos para otorgar y evaluar a quienes solicitan esta ayuda económica.

    El Fondo recibe anualmente unas 10.000 solicitudes de becas, y si bien no existe cupo, esas ayudas son evaluadas minuciosamente antes de su aprobación. "Recibimos las inscripciones a través de Internet y contamos para su análisis con una herramienta muy robusta que es el Índice de Vulnerabilidad Estudiantil [IVES], desarrollado por la Facultad de Ciencias Sociales, con técnicos nuestros, que mide el grado de vulnerabilidad. Ese indicador nos guía para pedirle más o menos documentación, realizar entrevistas individuales, entre otras acciones", explicó Miranda.

    Una vez otorgada la beca, lo que ocurre antes del inicio de clases, la ayuda sólo podrá ser conservada durante la carrera si cumple con determinados requisitos. "A partir del segundo año, para poder renovar la beca tiene que tener aprobado el 60% de las exigencias del plan de estudio que está cursando. Si no llega al 60% y llega al 40% se le da media beca. Es un sistema de muy amplia entrada, pero poco a poco se vuelve más exigente", contó Supervielle.

    Las becas también dejan de ser otorgadas si el estudiante mejora su situación económica, y eso es efectivamente lo que ocurre en muchos casos. "Aunque hay estudiantes que cursan toda su carrera con la beca; en general, la conservan durante dos o tres años -dijo Miranda-. Luego ya es poco probable que la mantengan, porque comienzan a trabajar, a tener ingresos y salen del sistema." Las estadísticas muestran cómo el Fondo de Solidaridad uruguayo genera un mecanismo eficiente de inclusión que incluso favorece la movilidad social.

    "El 94% de los padres de los becarios del Fondo tienen niveles educativos por debajo de los hijos en el momento en que reciben la beca, lo que muestra que las becas favorecen cierta movilidad social de recambio muy importante en un país que, en los últimos diez años, ha tenido un crecimiento del producto bruto interno y que tiene necesidad de formar gente a todos los niveles", comentó Supervielle.

    DE DÓNDE SALE EL DINERO

    Bajo la forma de "persona de derecho público no estatal", el Fondo de Solidaridad fue creado por la ley Nº 16.524, sancionada por unanimidad el 25 de julio de 1994, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. En 2001, durante la presidencia de Jorge Batlle, se introdujeron algunas modificaciones, las que nuevamente fueron aprobadas por unanimidad. A la fecha, el Fondo ha sido avalado por cinco presidentes de distintos signos políticos. "Hay visos de política de Estado en torno a esto", dijo Supervielle.

    En la actualidad, suman 106.000 los egresados que contribuyen al fondo con montos anuales que van desde el equivalente en pesos uruguayos a 50 dólares hasta los 200 dólares, según la duración de la carrera cursada. Quienes aportan lo hacen durante 25 años, pero recién a partir de los cinco años de haber egresado de la Universidad de la República o de la UTU. "Eso es bueno porque [en los primeros años] es recién cuando empiezan a insertarse laboralmente", señaló Miranda, que destacó una de las modificaciones introducidas en la ley original: "Ésta originalmente grababa el ejercicio profesional, es decir que aportaban si eras profesional, pero además tenías que ejercer como profesional. Eso se modificó, se cambió el hecho generador que pasó a ser el egreso".

    La modificación respondió a los cuestionamientos formulados desde distintas asociaciones profesionales. Un ejemplo claro fue el de los jueces, que argumentaron (judicialmente) que no debían contribuir con el Fondo porque si bien habían egresado de la Facultad de Derecho ellos no ejercían como abogados, eran jueces. "Se entiende que hay una aplicación intelectual, independientemente del ejercicio profesional: podés dirigir una empresa y no estás desarrollando en forma independiente tu profesión, pero aplicás el conocimiento que te dio la universidad -explicó Supervielle-. Hoy quienes están exentos son aquellos que directamente no trabajan, que no generan ingresos o cuyos ingresos no superan determinado límite; también dejan de aportar al jubilarse."

    Durante sus dos décadas de existencia, el Fondo de Solidaridad enfrentó la resistencia desde distintas asociaciones profesionales y varios juicios, algunos de los cuales llegaron a la Corte Suprema de Justicia uruguaya. "El último que está en curso es que una solicitud de declaración de inconstitucionalidad formulada por 230 particulares que se convocaron a través de Internet y que plantean que el concepto de egresado es ambiguo y que hay dos posibles interpretaciones jurídicas: si uno es egresado cuando te dan el título o cuando cumpliste con todas las exigencias de tu plan de estudios. De todos modos, es una ínfima minoría el núcleo duro en contra del Fondo."

    ¿Podría este fondo solidario instrumentarse en un país como la Argentina?

    "Me parece que es un sistema que no sólo la Argentina debería aplicar, sino también países como Chile, que está en la línea de volver a hacer pública la enseñanza -respondió Supervielle-. El tema central es que hay un segmento de bajos ingresos que considera que están en condiciones de ser estudiantes terciarios y ésta es la única forma de apoyarlos realmente. Por otro lado, la Argentina que tiene un sistema [universitario] parecido al nuestro: si hay matriculas en las universidades públicas son muy bajas. Creo que un sistema de becas de este tipo sería muy útil, y es realmente muy posible. Obviamente hay que hacer ajustes y hay que saber que esto es una política a mediano plazo, es un sistema que se instala seriamente en algunos años."

    De aplicarse la metodología y los criterios que aplica el Fondo de Solidaridad uruguayo, señaló el doctor Alieto Guadagni, experto en cuestiones educativas y director del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano (CEA), "en la Argentina tendríamos 100.000 becados de origen humilde. Es un sistema que no sólo responde a un criterio de equidad social, sino que permitiría asignar las becas en función de las carreras que se necesite estimular. Sería interesante, por ejemplo, concentrar esas becas en las carreras científico-tecnológicas, que son las que hoy requieren un refuerzo de su matrícula, y así podríamos triplicar las matrículas en ciencias básicas y aplicadas."

    LAS CIFRAS DEL PROGRAMA

    75.000

    Cantidad de becas

    Es el número aprobado por el Fondo Solidario para este año, lo que representa el 10% de los alumnos que ingresaron en 2014.

    106.000

    Cantidad de aportantes

    Son los graduados que actualmente aportan al sistema una suma de entre 50 a 200 dólares al año.

     

    Por Sebastián A. Ríos | LA NACION

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